¡Reformemos el sector eléctrico!, pero ¿para qué?
Margarett Matos Ortega
El sector eléctrico peruano se encuentra a la expectativa de una anunciada reforma. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) se ha pronunciado sobre la necesidad de implementar una reforma estructural del mercado eléctrico, que abarque una revisión minuciosa e integral de su marco normativo. Con tal fin, ha creado la Comisión Multisectorial para la Reforma del Subsector Electricidad (CRSE)1, fijando un plazo de 24 meses para que formule sus propuestas.
A nivel normativo, los ánimos de reforma se han traducido en una serie de iniciativas y propuestas de modificación del marco regulatorio para hacer frente a diversos desafíos, que incluyen temas tan variados como: la declaración de precios de gas natural por las centrales térmicas, el reconocimiento de potencia firme a las centrales solares y eólicas, la generación distribuida, regulación ambiental eléctrica2, reglas de ingreso y participación en el Mercado Mayorista de Electricidad, interconexión eléctrica internacional, electromovilidad, entre otros. Presentándose más de 100 proyectos de ley propuestos por el Ejecutivo o desde el Congreso3, sin contar las propuestas prepublicadas por el Minem y el regulador Osinergmin incluso, a veces, con ideas contrapuestas.
Sin embargo, ¿sabemos realmente qué es lo que queremos cuando demandamos una reforma? o estamos entendiendo a este proceso como un fin en sí mismo, en lugar de un medio para alcanzar un objetivo. Precisamente, esta fue una de las primeras lecciones que Jamison (2019) compartió con nosotros como parte de la clase inaugural del 46th PURC/ World Bank International Training Program on Utility Regulation and Strategy4, donde tuve oportunidad de conocer a 84 participantes de diferentes agencias regulatorias y afines, provenientes de 30 diferentes países emergentes.